jueves, 9 de junio de 2011

Adopción o armonización de la normativa contable

Se hace cada vez más urgente que la profesión contable en general tome partido en el debate que en algunos estrados académicos, no muy publicitados por cierto, se está adelantando alrededor del tema de la adopción o adaptación de las normas internacionales de contabilidad en Colombia. Y tal toma de partido no puede hacerse al margen del estudio profundo y detenido del contenido normativo y, más allá del mismo, de los aspectos económicos, financieros, sociales y políticos que tal decisión implica toda vez que ésta no puede adoptarse independientemente de esos aspectos que constituyen causa y a la vez consecuencia del proceso informativo contable.
 
El debate adquiere más importancia y pertinencia después de los recientes pero sucesivos escándalos vividos en los medios financieros internacionales, principalmente estadounidenses pero con repercusión mundial, relativos a la permisibilidad de contabilización contenidas en las normas nacionales de Estados Unidos y de algunos países europeos, así como de la internacionales, y a la poca o ninguna calidad ética mostrada por algunas de las grandes firmas auditoras, defensoras y propulsoras del modelo NIC. También está relacionado este tema con los procesos de desregulación promovidos desde las barreras neoliberales por cuanto una adopción de normas o estándares internacionales contables, sin tener en cuenta las particularidades económicas y políticas del país, estaría en consonancia con los requerimientos de diversos organismos internacionales que impulsan dinámicas globalizantes como lo es el ALCA para las Américas.
 
Esta ponencia pretende suministrar algunos argumentos que enriquezcan el debate, abordando para ello algunos puntos importantes como: antecedentes historiográficos de la norma contable en el plano internacional, elementos macroeconómicos relativos al entorno en que se manifiesta la información contable, fundamentos éticos de la actividad empresarial y del ejercicio profesional y, finalmente, criterios socioepistemológicos de la contabilidad que consideramos indispensables para una toma consciente de partido frente al debate anunciado.  


2. ELEMENTOS MACROECONÓMICOS QUE CONDICIONAN EL ENTORNO DE LA NORMA CONTABLE.   
La norma contable no es inocua. Su papel consiste en sustentar la elaboración de información orientada a determinar la magnitud de la riqueza creada en los procesos productivos y en establecer la asignación de tal resultado entre los diversos agentes participantes en el proceso de distribución. Su producto condiciona las decisiones que se adoptan en los entornos económico financieros. Tal papel lo cumple la contabilidad a partir de los elementos condicionantes establecidos previamente como reglas del juego en el entorno macroeconómico.
 
Consecuencialmente es importante determinar cuáles son las condiciones del juego económico que han sido establecidas en los entornos nacionales y cuáles son las que dominan el entorno internacional.
 
Desde una perspectiva teórica muy general las bases ideológicas que sustentan el modelo económico dominante en el ámbito internacional, y por ende en la mayoría de las naciones, está fundamentado en criterios walrasianos orientados hacia el equilibrio general, tales como: a) La economía capitalista tiende a una situación de equilibrio estable; b) tal equilibrio se corresponde con una plena utilización de los recursos productivos; c) la asignación de los recursos es óptima y, por lo tanto, da lugar a la maximización del dividendo social.
 
No ha importado que tales principios no resistan la prueba decisiva de la contrastación empírica; igual se siguen manteniendo y presentando como válidos con algunas variantes por los defensores del modelo único. Siempre cabe la postura “si se cumplen tales condiciones...., entonces...” Con ello cualquier cosa se puede afirmar.
 
Hace más de veinte años que una ola recorre el mundo. Con diversos argumentos, que algunos autores han calificado como de cantos de sirenas, se ha justificado la adopción de un modelo económico que supuestamente llevaría a la solución de los problemas del crecimiento y del empleo de todas las economías que lo adoptasen; y, por supuesto, aquellos países que no lo hicieren iban a quedarse por fuera de la tan anhelada solución de sus problemas.
 
El modelo único esta montado sobre varios requisitos. Uno de ellos es la presunción de que cada oferta crea su propia demanda. Esta afirmación está sustentada en la famosa (para los economistas) ley de Say. Esta ley, derivada de las concepciones de Smith sobre la eficacia del mercado ha sido, a través de la historia defendida y atacada por muchos economistas, entre los primeros podemos citar a Ricardo y a los economistas pertenecientes a la denominada escuela neoclásica; entre los segundos aparecen Malthus y Keynes. La ley de Say adquirió connotaciones científicas durante el siglo XIX, y aunque no fue corroborada empíricamente su validez se dio por sentada; quien dudara de ella era tomado por ignorante. Finalmente fue Walras quien aclaró y pulió su concepción a partir de las formulaciones del equilibrio general[2].
 
Teóricamente se defiende el argumento de que al liberarse los mercados la oferta y la demanda se igualan y el sistema económico se orienta hacia el pleno empleo maximizando su producción. Sin embargo no se ha considerado que no todas las economías pueden funcionar bajo condiciones ideales; los hechos económicos de la última década, vividos por la mayoría de las economías latinoamericanas, para no ir más lejos, muestran una dura realidad que falsa los postulados del equilibrio general que debería haberse logrado por el juego del libre mercado.
 
La validez de la ley de Say[3] puede establecerse mediante la simple inspección de la Ley de Walras.
en donde xi es el exceso de demanda, pi son los precios y xm es el exceso de demanda de dinero.
 
De acuerdo con ella, la ley de Say sólo se cumple cuando el mercado de dinero está en equilibrio. Los excesos de oferta tendrían como contrapartida excesos iguales de demanda y se cumpliría la ley de Say en los siguientes términos:
 

Se requiere además, para su cumplimiento en términos realizados (no sólo nocionales) que los precios sean flexibles; economía cerrada, es decir, equilibrio en la balanza comercial y de pagos; y la presencia de un tatonador, esto es, de un mecanismo convertidor de los excesos de oferta y demanda en modificaciones de precios o sea, que transforme la demanda planeada en efectiva.
 
Lo anterior significa que solo bajo ciertas condiciones, que no son las de la mayoría de los entornos, la tal ley de Say puede cumplirse, y ello es, sólo para economías que no están sometidas a restricciones que impiden el funcionamiento de los mercados. Si hay déficit en cuenta corriente, si hay excesos de oferta o demanda, si hay rigideces en los precios, la ley de Say no se cumple.
 
La economías, como la colombiana, están sujetas a una cantidad de interferencias, que impiden su libre funcionamiento. Los salarios y los precios de los bienes y servicios son concertados a partir de políticas económicas y no por los factores económicos, se presentan exceso de oferta y/o de demanda, hay rigideces en los precios. Gracias a circunstancia monopólicas muchos precios se mantienen por encima de los dictámenes del mercado. En estas condiciones la ley de Say está lejos de cumplirse.
 
Ante el incumplimiento de la ley de Say, las economías han optado por establecer mecanismos de intervención para hacerla realidad, tales como la protección de los mercados para crear la demanda efectiva, el crédito dirigido para financiar la producción y asimismo para financiar la demanda. En el caso colombiano esta modalidad en la política económica garantizó un proceso de crecimiento continuado que osciló entre el 4 y el 5% del PIB por más de cinco décadas continuas desde los años 30, hasta la década de los ochenta cuando los indicadores de crecimiento comenzaron ha bajar hasta mostrar guarismos negativos o cercanos a cero entre los años 1999-2001 y lo que va del 2002. Esta tendencia decreciente del crecimiento es concomitante con la aplicación de medidas liberalizantes del mercado, coincidiendo con los gobiernos de Gaviria y de sus sucesores.
La imposición de la apertura económica ha significado la eliminación de las medidas de intervención que posibilitaban el cumplimiento de la ley de Say. Sin tales mecanismos la economía queda sometida a la acción de las fuerzas del mercado, que en condiciones reales (no teóricas), genera una gran cantidad de disfunciones. Analizando en este sentido la economía colombiana dice Sarmiento Palacio[4] “La liberación modificó drásticamente el esquema selectivo que había predominado como alternativa al incumplimiento de la ley de Say. Los mecanismos para generar la demanda efectiva se desmontaron. Se eliminó la protección, el crédito dirigido, los déficit fiscales y los precios de sustentación a la agricultura. Así, la intervención del Estado para crear demandas efectivas se sustituyó por la ley de Say en el concepto histórico. Se suponía que los estímulos del mercado movilizarían los recursos hacia las actividades más productivas que, a su turno, se encargarían de crear su propia demanda. No ocurrió así. El cambio de estructura hacia las actividades de ventaja comparativa no estuvo correspondida por una ampliación de la demanda; las importaciones crecieron más que las exportaciones y el desempleo aumentó. Así los aumentos de productividad no tuvieron como contrapartida un aumento igual en la producción y, en vez de ellos, ocasionaron la reducción del empleo. La liberación financiera dio lugar a elevadas tasas de interés que impedían la financiación de la producción y propiciaban el desplazamiento hacia la especulación. En el caso de la financiación de vivienda resultó en costos financieros superiores a la productividad del capital y, por lo tanto, la construcción no significaba la ampliación de la demanda que garantizara su adquisición.”
Este panorama esquematizado para el caso de Colombia es válido para buena parte de las economías latinoamericanas que han sido sometidas a los condicionamientos de los organismos “multilaterales” de financiación, circunstancias que han llevado a una situación de crisis generalizada, cuyos indicadores son las altas tasas de desempleo, de pobreza y de miseria, la reducción de las reservas internacionales, el incremento de las importaciones, la reducción de las exportaciones y por lo tanto los déficit en las balanzas comercial y de pago.
Otro supuesto que fundamenta el nuevo modelo de libre mercado esta expresado por la neutralidad del dinero. Hay dos posiciones opuestas en este sentido. Una, la neoliberal que soporta al modelo único, postula que el dinero es inocuo sobre el sector real y que su manejo, en consecuencia, no afecta la producción y el empleo. Esta afirmación está sustentada en el hecho de que en estado de equilibrio económico la oferta de dinero es igual a la demanda y en consecuencia su efecto desaparece y la solución del mercado de bienes es independiente de lo que pase en el monetario[5]. En la ecuación que expresa la ley de Walras, xm, o sea el exceso de la demanda de dinero, desaparece. A partir de tal concepto se deja en libertad al sector financiero para incrementar las tasas de interés activas mucho más que las pasivas, incrementar por consiguiente los márgenes de intermediación y aumentar sus ganancias en porcentajes mucho más altos que los del sector real de la economía. Por el contrario existe otra posición que argumenta que la política monetaria incide grandemente en el sector real, pues al incrementar las tasas de interés se encarece el costo del dinero con lo que se disminuye la inversión, baja el gasto público, afecta la producción y las exportaciones, disminuye el producto bruto y se incrementa el desempleo. Teóricamente esta posición está sustentada en el hecho de que las economías no permanecen en el equilibrio ideal y, por tanto, estando en desequilibrio los mercados monetario y real están relacionados; el exceso de ahorro sobre la inversión más la exportación neta es igual al exceso de demanda de dinero[6].
La aplicación de la primera orientación en la política monetaria del país ha originado una situación de oligopolio en el sector financiero, compuesto cada vez más por bancos extranjeros, acaudillado por el Banco de la República, que con sus medidas, supuestamente independientes, traslada las ganancias del sector real al financiero. Las altas tasas de interés, el abultado margen de intermediación, las operaciones de financiación del gobierno intermediadas por este sector, son medidas que han producido el resultado decreciente del PIB y otras desastrosas consecuencias, como el crecimiento continuo de la deuda externa, tanto privada como pública, desempleo y recesión.
Otra medida, derivada de la política monetaria, que es promovida, desde las barreras neoliberales, como una alternativa benéfica para salir de los problemas de las crisis económicas que sufren los países tercermundistas, es el de la dolarización de sus economías. Similar a esta medida extrema es la de establecer bandas de cambio estrechas o tipos de cambio inmodificables. Éstas son orientaciones que reducen el margen de maniobra de la política monetaria y generan, particularmente la dolarización, pérdidas significativas de recursos, que deben reponerse ya sea a través del incremento de exportaciones, disminuyendo las reservas internacionales o incrementando la deuda externa, al requerir destinar un monto significativo de dólares para el curso corriente de las operaciones monetarias (medios de pago). Es una medida profundamente contraccionista de la demanda efectiva que para contrarrestarla se requiere destinar recursos que de todas formas reducen la capacidad productiva de la economía, incrementan el desempleo y dejan sin posibilidad de juego al sistema económico al depender completamente de una moneda que se origina únicamente por las operaciones internas, es decir se elimina definitivamente la posibilidad de paliar los problemas a través de la emisión monetaria.
Veamos lo que dice al respecto Sarmiento Palacio[7]: “La dolarización es un buen ejemplo del desconocimiento de los principios básicos. En el sistema tradicional el dinero para las transacciones es generado fuera de la economía; es decir no proviene de los agentes económicos. Si esta oferta de dinero fuese igual a la demanda , el ingreso será igual a la demanda efectiva. Si en lugar de esto, se acude a la dolarización, el dinero para las transacciones no proviene de afuera sino del ingreso, o si se quiere del ahorro. En este sentido la dolarización, de entrada, significaría una pérdida de ingreso igual a los medios de pago, que usualmente se llama señoreaje, correspondiente a alrededor del 5% del PIB. Es una pérdida valiosa que se dará en el momento en que se ponga en práctica el sistema y tenderá a crecer en el futuro con la demanda de dinero. En el caso colombiano, es equivalente a la mitad de las reservas internacionales”.
Desde nuestro punto de vista la dolarización no es sino otra medida que entregaría la soberanía nacional, en este caso del sistema monetario, lo que dejaría al país a merced de los organismos “multilaterales” de financiación, cuya misión, como lo demuestran las experiencias vividas por la mayoría de los países latinoamericanos, es la de procurar las condiciones para que prevalezcan las economías más fuertes, sin importar que los índices de desempleo, pobreza-miseria, analfabetismo, etc, vayan en aumento, con el argumento de que la liberalización de los mercados traerá el progreso mundial.
El modelo de libre mercado también se soporta en el supuesto de que el crecimiento esta en función directa del aprovechamiento de las ventajas comparativas. Ésta es otra falacia. Fundamentada en este argumento se ha promovido en el país una política de eliminación de cultivos de cereales que son producidos en mejores condiciones de calidad y precio en otros países. Se dice que siendo Colombia un país tropical debe dedicarse a productos propios de la región, dejando que otros países que tienen mejores condiciones climáticas y técnicas produzcan lo que aquí resulta caro y de baja calidad. Así se ha dejado de sembrar trigo, maíz, cebada, fríjol, entre otros, colocando al país en un estado de emergencia alimentaria. Se completa el argumento diciendo que si aprovechamos las ventajas comparativas propias de país tropical, debemos cultivar de forma mucho más económica y ventajosa productos como palma africana, plátano, café y flores cuyos mercados internacionales pueden ser dominados por nuestros bienes. Se dice, entonces, que será mucho más rentable para los países tropicales, que se dediquen a lo que pueden hacer con ventaja puesto que así se aprovecharán más productivamente las tierras, y con el producido de las exportaciones, se podrá importar en condiciones mucho más económicas, los cereales y productos dejados de cultivar.
Hoy subsisten ciertos cultivos y productos como papa, arroz, azúcar, pollo, leche, pero ello por que están protegidos con aranceles. Entre los años 2005 y 2015, dado el compromiso que el país ha adquirido con la OMC (Organización Mundial de Comercio) para el ingreso al ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), tales aranceles deben desaparecer. Si esto ocurriera, el país entraría en una emergencia alimentaria, puesto que gran cantidad de nuestro pueblo no podría adquirir los productos importados. Pero esto tiene una connotación de seguridad nacional. Si Colombia no produce los bienes propios del consumo agropecuario básico, quedaría a merced de los países que lo hacen, convirtiéndose ello en otra arma de dominio como ya lo han hecho con los recursos financieros a través del FMI y del BM. La alternativa que nos dejan es la alimentarnos con nuestros productos tropicales, como dice el profesor Jorge Enrique Robledo[8] “no puede ni imaginarse una nación que sólo coma bananos, chocolates y café, quedándole la opción de definir a cuál de éstos le echa el aceite y con qué flores adorna la mesa.

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